En La Carlota, la oposición formalizó la presentación del proyecto de Ordenanza "Ficha Limpia"

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Desde el bloque de concejales de la oposición en la ciudad de La Carlota, conformado por Graciela Bisotto y Cristian Piussi, formalizaron la presentación de un proyecto de Ordenanza llamado "Ficha Limpia", mediante el cual intentarán establecer un marco legal para fortalecer la transparencia en la administración pública y combatir la corrupción en la política.

PROYECTO DE ORDENANZA

 “FICHA LIMPIA”

 

Y VISTO,

              La necesidad de establecer un marco legal para fortalecer la transparencia en la administración pública y combatir la corrupción en la política, dotando al sistema de mayores herramientas para garantizar la ética y la buena gobernanza.  

 Y CONSIDERANDO,

               En las últimas tres décadas, gradualmente las administraciones públicas vienen generando cuerpos normativos y organismos de control que apuntalan lo que el especialista español Manuel Villoria define como una infraestructura ética para la función pública. Afirma Villoria que los sistemas de control –jurídicos y no jurídicos– y las actitudes y comportamientos sociales y políticos constituyen un conjunto de esclusas formales e informales que auxilian en la adecuada gestión de las conductas de los empleados públicos. Estas esclusas o muros de contención contra la corrupción o el fraude en la administración constituyen la denominada infraestructura ética, es decir las herramientas, sistemas y condiciones que evitan y sancionan las actividades inmorales y proporcionan los incentivos para el profesionalismo y los modelos de conducta en la administración. Dicha infraestructura ética consta de muy diversos elementos, según la OCDE: apoyo político, un marco legal eficaz, una sociedad civil activa y vigilante, un sistema de controles y un organismo coordinador (Villoria, 2005: 14)[1]. 

              La transparencia como política pública está asociada a la profundización democrática, a la buena gobernanza y a la prevención y combate a la corrupción. Por lo tanto, tales políticas serán consideradas eficientes si contribuyen a profundizar los niveles de democracia de los países, a garantizar o mejorar la gestión de las políticas públicas y/o a prevenir y combatir la corrupción (Moreira Correa y Claussen Spinelli, 2011: 78)[2]. 

               En este sentido, nuestro país ha venido dando señales intermitentes de compromiso con los principales acuerdos internacionales que velan por la transparencia y la lucha contra la corrupción, verdadero flagelo de nuestras actuales democracias liberales. La corrupción es un problema estructural que mina los cimientos de nuestras sociedades, cortando el vínculo de ejemplaridad que debe existir entre los representados y quienes coyunturalmente tienen la responsabilidad de representar a sus pares. La lucha contra la corrupción exige desplegar y aunar todos los esfuerzos del Estado a fin de contrarrestar este fenómeno que no conoce fronteras ni grados de desarrollo. Nuestro país, por su parte, no es inmune a este fenómeno y a pesar de ciertos avances en la materia,  la realidad demuestra que todavía queda mucho trabajo por hacer. 

               Estas preocupaciones son parte de una agenda nacional que la Unión Cívica Radical viene trabajando en el Congreso de la Nación y en casi veinte legislaturas provinciales, en donde estamos impulsando el tratamiento y la aprobación de dispositivos institucionales que, bajo el nombre de “ficha limpia”, regulen y limiten la posibilidad de ser candidatos a cargos electivos y partidarios a personas que se encuentren condenadas a penas privativa de la libertad por delitos que afectan a la administración pública, aunque la sentencia no se encontrare firme y la pena fuera de cumplimiento en suspenso.

            En la Legislatura provincial el Bloque Juntos - UCR ha llevado adelante esta propuesta desde el año 2020, sin lograr que el oficialismo provincial acepte tratarla en el recinto de la Cámara. Los diferentes proyectos de “ficha limpia” se amparan en la necesidad de que cada persona que pretenda desempeñar funciones de naturaleza pública pueda demostrar a priori a la ciudadanía y al cuerpo electoral que no es o ha sido investigado, procesado y/o condenado por delitos a la administración pública en cualquiera de sus niveles, hecho que es violatorio del principio republicano de la responsabilidad agravada de cualquier funcionario público. 

           También una “ficha limpia” es garantía frente al uso abusivo de las denominadas inmunidades funcionales, como la libertad de arresto que protege a los diputados y senadores nacionales, dado que es de público y notorio conocimiento que un uso inapropiado de dichas prerrogativas ha permitido las candidaturas y la elección de legisladores con sentencias firmes en causas contra la administración pública, generando un blindaje legal que impida la prosecución debida de dichas causas. Con estas prácticas se degrada la imagen de los cuerpos legislativos, pero peor aún, se degrada la percepción de la actividad política por parte de la ciudadanía.

           Esta propuesta se ampara en una enorme cantidad de cláusulas constitucionales, legales y provenientes de tratados internacionales aprobados y con plena vigencia en nuestro país. Por su parte, muchas provincias también han avanzado decididamente en la construcción de marcos de integridad en la gestión pública, instrumentos propios para las democracias más transparentes y relacionales que proponemos consolidar de modo definitivo.

           La reforma constitucional de 1994 aborda este problema en el artículo 36, que determina que quien incurriera en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, queda inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos. Este es uno de los escasos ejemplos en donde la Constitución avanza tipificando un delito de carácter constitucional, equiparando al mismo como un atentado contra el propio sistema democrático, y definiendo su imprescriptibilidad. El principal objetivo de los convencionales constituyentes fue evitar que quienes hayan cometido delitos de corrupción sean considerados una opción electoral válida. Todo ello en resguardo de la Constitución Nacional, las instituciones democráticas y el bienestar general de toda la Nación. 

            Esta iniciativa se encuentra también en consonancia con importantes convenciones internacionales en materia de derechos humanos, transparencia y lucha contra la corrupción. La Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción dispone en su artículo 7 inciso 2: “Cada Estado parte considerará también la posibilidad de adoptar medidas legislativas y administrativas apropiadas, en consonancia con los objetivos de la presente Convención y de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, a fin de establecer criterios para la candidatura y elección a cargos públicos”.

             Esto último de ninguna manera viola el principio constitucional de inocencia, puesto que, en primer lugar:  el artículo 23 inciso 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos sostiene en materia de derechos políticos que: “La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades de elegir y ser electos en cargos públicos, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal”.

            A nivel legislativo, existen también en el plano nacional normas que amparan y justifican la viabilidad de esta iniciativa. A modo de ejemplo, las personas que hayan sido condenadas con sentencia firme a una pena privativa de la libertad por haber cometido delitos dolosos, actualmente, no pueden ser candidatas por haber sido excluidas del Padrón Electoral, en virtud de las disposiciones del artículo 33 inciso a) de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos y el artículo 3 del Código Nacional Electoral.

            Conviene también descartar este último argumento que plantean algunos detractores a la presente propuesta, basados en el supuesto de que una ordenanza de ficha limpia atenta contra el principio constitucional de inocencia. Frente a ello, se opone el principio más elemental del derecho público: no existen derechos absolutos y cada uno de ellos admite restricciones razonables y legales conforme lo sostiene el artículo 14 de la C.N., y cuyos límites están planteados en el artículo 23 de dicho cuerpo legal. La elegibilidad no es un derecho natural que acompaña a todos desde el nacimiento. El derecho al sufragio pasivo se adquiere cumpliendo las condiciones estipuladas por la Constitución Nacional y las leyes dictadas en su consecuencia. Solo los argentinos (por nacimiento o naturalizados) que cumplan con ciertas condiciones de elegibilidad (ciudadanía, edad, domicilio, residencia, formación de la persona, etc.) y no se encuentren sometidos a las causas de inelegibilidad tienen el derecho a postularse a un cargo electivo y disputar el voto de los electores. Las inelegibilidades, por su parte, tienen como objetivo preservar a las instituciones de la entrada de personas que no tengan el perfil deseado, todo ello según criterios razonables y objetivos. En este sentido, mientras que la sanción penal tiene fines punitivos, la inelegibilidad electoral está dirigida a la delimitación del perfil esperado de los candidatos. La inelegibilidad no pretende, entonces, castigar a nadie, en la medida en que su determinación punitiva es previa a cualquier acto electoral.

            En la provincia de Córdoba existen también cláusulas constitucionales que abordan y delimitan el derecho político de representar, a modo de marcos de integridad para el desempeño de las máximas funciones públicas. Los artículos 86 y 137 de la Constitución Provincial inhabilitan para ejercer los cargos de legislador y de gobernador y vicegobernador, respectivamente, “a los condenados por delito mientras no hayan cumplido sus penas y a los que estén inhabilitados para ejercer cargos públicos”.

           Por su parte, el artículo 14 del mismo cuerpo llega a “establecer la responsabilidad estatal frente a los daños que puedan causar los hechos y actos producidos por todos sus funcionarios y agentes”. 

           Si bien aún la Legislatura de la Provincia de Córdoba no ha aprobado una norma de Ficha Limpia en base al proyecto presentado por la Unión Cívica Radical, ya existen municipios que cuentan con ordenanzas sancionadas en la materia (Almafuerte, Jesús María, Pilar y Villa de Soto), mientras que decenas de Consejos Deliberantes ya las están discutiendo en paralelo.

           Por todo lo dicho, y conscientes de que en nuestra provincia y en nuestras ciudades, municipios y comunas queda mucho trabajo por delante en materia de legislación que prevea, limite y castigue de manera efectiva los delitos contra la administración pública en todos sus niveles, es que proponemos la inclusión de nuestra propuesta de ficha limpia para todos los candidatos a cargos públicos y partidarios de naturaleza electiva.

            Como conclusión nos aparecen oportunas las reflexiones de Villorria (2019: 95-96)[3], quien nos invita a hablar de la “calidad de la democracia y de la necesidad de definir vías para superar la democracia de mínimos, construyendo unas democracias plenamente relegitimadas. Unas democracias que aseguren un sistema de controles del poder suficientemente consolidados como para evitar derivas autoritarias y donde la voluntad popular, al tiempo, no sea secuestrada por élites de poder político y económico que son opacas, no responden y no permiten que surjan alternativas. Democracia de calidad implica y exige controles fuertes sobre el poder político, no solo elecciones (…) en primer lugar, la opción por una democracia de calidad es una opción ética, exige una difícil renuncia al ejercicio del poder discrecional por parte de los políticos y sus resultados positivos se ven a medio y largo plazo; lo que hemos aprendido a través de la historia es que el buen gobierno es un gobierno democrático que sabe auto-limitar su poder. Pero para ello es preciso, además, construir instituciones que promuevan la imparcialidad, la transparencia y la rendición de cuentas y que, en definitiva, eviten la corrupción de los pilares esenciales de la sociedad y, especialmente, del gobierno y la administración. Estas instituciones se entienden mejor si comprendemos que la legitimidad democrática no se basa tan solo en ganar elecciones. 

             Esta visión macro necesita su complemento micro. Por ello creemos que las instituciones generales de control deben ser acompañadas por sistemas organizacionales que, a través de instrumentos y procesos adecuados generen, en cada convocatoria al cuerpo electoral, un marco de refuerzos mutuos que promuevan integridad y desincentiven comportamientos deontológicamente indeseables.

  

POR ELLO,

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

 

DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CARLOTA

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

 

Artículo 1: No podrán ser candidatos a cargos electivos municipales las personas que se encuentren condenadas a penas privativa de la libertad, aunque la sentencia no se encontrare firme y la pena fuera de cumplimiento en suspenso, por los siguientes delitos:

 1.       Los delitos previstos en los capítulos VI (cohecho y tráfico de influencias), VII (malversación de caudales públicos), VIII (negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas), IX (exacciones ilegales), IX bis (enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados) y XIII (encubrimiento), todos del título XI del libro segundo del Código Penal de la Nación; 

2.        El delito de fraude en perjuicio de la administración pública contemplado en el artículo 174, inciso 5, del Código Penal de la Nación; 

3.       Los delitos previstos en los capítulos I y II del título IX (delitos contra la seguridad de la Nación), del libro segundo del Código Penal de la Nación;

4.       Los delitos contra la integridad sexual comprendidos en los artículos 119°, 120°, 124° a 128°, 130°, 131° y 133° del Título III del Libro Segundo del Código Penal;

5.       Los delitos contra el estado civil de las personas comprendidos en los artículos 138°, 139° y 139° bis del Título IV del Libro Segundo del Código Penal; y

6.       Los delitos contra la libertad comprendidos en los artículos 140°, 142°, 142° bis, 145° bis, 145° ter y 146° del Título V del Libro Segundo del Código Penal.

7.       Aquellos delitos que se incorporen a nuestro derecho en cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción o cualquier otro instrumento ratificado por la República Argentina sobre la materia, en las condiciones de su vigencia.

La inhabilitación prevista en esta norma se debe entender como ampliatoria de las inhabilidades propuestas por el Art. 11 de la Ley provincial 9571, por los Art. 16, 40 y 79 de la Ley provincial 8102 y por las ordenanzas municipales vigentes en la materia, y se extenderá desde que exista sentencia condenatoria en segunda instancia del proceso hasta su eventual revocación posterior, o hasta el cumplimiento de la pena correspondiente.

Artículo 2°. Los partidos políticos o alianzas electorales, a fin de acreditar el cumplimiento del párrafo anterior, deberán exigir a todos los precandidatas/os y candidatas/os titulares y suplentes que integren sus listas, para cualquier cargo electivo municipal, la siguiente documentación:

1.   Certificado de Antecedentes Penales (CAP) emitido por el Registro Nacional -de Reincidencia (o el informe o documento que lo reemplace), siendo responsables directos de su presentación por ante los órganos con competencia electoral. 

2.   Constancia emitida por el Registro Civil de la Provincia de que el candidato no se encuentra incorporado al Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 

3.   Constancia emitida por el Portal Ciudadano Digital que el/la candidata/a no se encuentre inscripto a la fecha en el Registro de Abusadores Sexuales.

Los certificados exigidos se deberán acompañar junto con la presentación de listas. Supletoriamente la Junta Electoral Municipal podrá por sí misma solicitar y obtener la documentación referida durante el proceso de habilitación de listas y candidaturas.

Artículo 3°. El Departamento Ejecutivo Municipal deberá presentar la documentación referida en el Art. 2° de esta norma, en un plazo no mayor a los quince días hábiles a partir de su designación, de toda/o funcionaria/o de planta política que forme parte de su gestión o que deba ser designada/o a través de un decreto por parte del Intendente Municipal.

 

Artículo 4°. De forma.

 

Bloque Crecer por La Carlota

Redacción Sur Cordobés

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