El gobierno no apoyó una votación en Naciones Unidas para investigar la violación a los derechos humanos en Venezuela

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Alberto Fernández retrocedió en su agenda internacional al ordenar que Argentina se abstenga al momento de de votar la continuidad la comisión de las Naciones Unidas (ONU) que investiga las sistemáticas violaciones a los derechos humanos en Venezuela cometidas por el régimen de Nicolás Maduro.

La continuidad de la comisión especial fue apoyada por 19 países, rechazada por 5 estados miembros y tuvo 23 abstenciones.

América Latina apareció fracturada en el debate sucedido en Ginebra. Brasil y Paraguay avalaron la prórroga de la comisión, Cuba, Bolivia y Venezuela rechazaron su continuidad y Argentina con México optaron por la abstención.

La votación en Ginebra también exhibió la fractura global que causa la situación de los derechos humanos en Venezuela. Estados Unidos, el Reino Unido y Japón apoyaron a la comisión investigadora, mientras que China y Eritrea votaron en contra.

El debate fue tenso en términos diplomáticos. Cuba denunció que se informó mal sobre los fondos que se gastarían en financiar la comisión especial en Venezuela. Y el representante de Maduro en el recinto cuestionó el lenguaje -wording- que estaba utilizando el embajador de Estados Unidos ante el Consejo de Derechos Humanos ante la ONU.

Finalmente, se comprobó que Cuba tenía razón en su denuncia: la ONU dispondrá de más cinco millones de dólares para sostener a la comisión especial, cuando al principio se informó que sólo sería un poco más de un millón de dólares.

Esa rectificación permitió al embajador cubano desplegar un discurso teñido por la lógica de la Guerra Fría. Su colega venezolano también avanzó en la misma línea ideológica sin reconocer que Maduro lidera un aparato de represión ilegal que fue denunciado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas.

Tras la precisión sobre las cifras del presupuesto destinado a solventar a la comisión especial, le toco el turno a la Argentina. El representante Sebastián Rosales hizo un discurso diplomático que sirvió poco para ocultar el cambio de posición ordenado por Alberto Fernández.

“La Argentina ha decidido abstenerse en el presente proyecto de resolución por entender que el diagnóstico realizado por la FFM (Misión Internacional Independiente) no responde a un trabajo producto de investigación en el terreno y al diálogo directo con todos los actores gubernamentales y no gubernamentales involucrados. Si bien coincidimos que es el propio gobierno de Venezuela quien debe permitir el acceso de la FFM al país para investigar adecuadamente las denuncias recibidas, la renovación de la FFM en las actuales condiciones solamente contribuye a continuar un mecanismo que en la práctica y el terreno no pueden mejorar los derechos humanos del pueblo venezolano”, aseguró Rosales en Ginebra.

Cuando el Gobierno apoyó la creación de la comisión especial, ya se sabía que Maduro no autorizaría su ingreso a Venezuela para recoger en el terreno las denuncias de violaciones sistemáticas cometidas por el régimen populista. Y pese a esta limitación clave, la investigación independiente probó que Maduro incumple todos los derechos establecidos por la Carta de las Naciones Unidas.

Ahora, el proyecto avalado por más de 40 países sostiene que es necesario continuar con el trabajo de la comisión a pesar de las limitaciones impuestas por Caracas. Sin embargo, la Casa Rosada sostiene que esa tarea no mejorará los derechos humanos en Venezuela. Una contradicción flagrante que el Gobierno comete para satisfacer las demandas del kirchnerismo.

Redacción Sur Cordobés

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