En un nuevo taller de seguridad junto a los vecinos de Barrio Pueyrredón, el diputado nacional Rodrigo de Loredo, se refirió a la crítica situación carcelaria en la provincia y consideró que “Córdoba va a necesitar otra cárcel en poco tiempo para hacer frente al saturado sistema penitenciario”.

“La inseguridad en Córdoba es realmente alarmante. La falla se da en todas las órbitas: los poderes Judicial y Ejecutivo, el gobierno municipal que elige no involucrarse y el sistema penitenciario. Cada eslabón falla y eso conlleva al agravamiento de la situación delictiva en la provincia”, afirmó.

Agregó: “Las políticas de seguridad que implementa el Poder Ejecutivo arrancan y se abandonan. De esta manera, desapareció la tan prometida policía barrial, se abandonaron los grupos de WhatsApp de seguridad, no se ven patrullajes y hay sectores donde la Policía no entra. No hay una política estratégica en seguridad ni con mirada integral del problema”.

“Tenemos una capacidad aproximada de 10 mil internos en todas las cárceles provinciales y esa es la población de presos, con lo cual, el sistema está saturado, al límite y cuando no sobrepoblado. La lentitud del proceso judicial hace que cerca del 50% de esa población carcelaria esté en prisión preventiva y tenemos un 50% de presos que son reincidentes. La situación es preocupante y no podemos llegar al punto que se deje libres a delincuentes porque no hay donde alojarlos”, enfatizó.  

“Se necesitan obras de ampliación de las cárceles existentes y la construcción de unidades nuevas para ampliar el sistema penitenciario cordobés que se encuentra al borde de su capacidad, y así aportar a la seguridad de sus habitantes. Por supuesto que esto no es la solución al problema de la inseguridad, pero es un factor importante para abordar todas las facetas de un tema complejo”, expresó.  

Asimismo, consideró: “La inacción del gobierno municipal contribuye con el recrudecimiento de los robos. El intendente decidió no involucrarse bajo el argumento de no contar con presupuesto, sin embargo, piensan gastar casi tres mil millones de pesos en un nuevo edificio del Concejo Deliberante que está lejos de ser una de las prioridades de los vecinos, estos fondos bien podrían dirigirse a políticas de seguridad”.

“Los datos dan cuenta de que el sistema no funciona. Me pregunto si la justicia elegirá a quién detener si no hay lugar. Los vecinos aseguran que no denuncian porque los ladrones entran por una puerta y salen por la otra. Es moneda corriente que detienen a algún ladrón y a los pocos días ya está en el barrio de nuevo”, agregó.

"El Estado nos tiene que cuidar, es una responsabilidad indelegable. Cuando ves a un vecino que pone alarma, que pone cámara, que pone rejas, que se endeuda para mudarse a un barrio cerrado, lo que estás viendo son las consecuencias de la ausencia del estado o el fracaso de las políticas de seguridad de un gobierno que lleva más de 20 años en el poder", concluyó.