La Corte Suprema dispuso hoy que el nuevo Consejo de la Magistratura de 20 miembros comience a funcionar

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Con la presidencia a cargo del titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti.

La Corte Suprema, con la firma de tres de sus miembros, dispuso hoy que el nuevo Consejo de la Magistratura de veinte miembros comience a funcionar "de manera inmediata" con la presidencia a cargo del titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti.

Rosatti finalmente asumió este mediodía al frente del Consejo de la Magistratura a través de una resolución del máximo tribunal firmada por él mismo y acompañado por los ministros Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, aunque no firmó Ricardo Lorenzetti.

La resolución suprema establece que se “disponga lo necesario” para que la nueva autoridad del organismo -que designa y remueve jueces- “reciba de los nuevos consejeros el juramento de ley”, acorde con lo establecido en el fallo que dictara de diciembre pasado, cuando declaró inconstitucional la ley que dispuso la composición de 13 miembros, votada en 2006.

"A partir del dictado de la presente decisión, el Consejo de la Magistratura de la Nación deberá continuar funcionando de manera inmediata y de pleno derecho según las pautas fijadas por el Tribunal en su sentencia firme del 16 de diciembre de 2021", señaló la resolución, que lleva la firma del mismo Rosatti más la de sus pares Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz.

Respecto de los nuevos miembros elegidos por jueces y abogados, la resolución dispone que se les tome juramento, un trámite de rigor que debe hacer la misma Corte.

En el fallo de diciembre del año pasado, que declaró inconstitucional la conformación del Consejo de trece miembros, la Corte fijó un plazo de 120 días para ampliarla a veinte integrantes y dispuso que la asunción de los nuevos consejeros debía ser "conjunta y simultánea".

En la resolución de hoy, para salvar la ausencia de los nuevos miembros representantes del Congreso, cuyo ingreso fue judicializado, la Corte argumentó que "resultaría inadmisible que la demora o el incumplimiento de ese deber legal por parte de alguno de los estamentos -cualquiera fuera el motivo- pudiera retrasar, frustrar o paralizar el funcionamiento de un órgano de rango constitucional".

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