Mujeres trabajadoras sin derechos

Opinión 25 de febrero de 2021 Por Luciano Giuliani
los cisnes

Los Cisnes es un pequeño y tranquilo pueblo del sur de Córdoba ajeno en muchos casos a la agenda política nacional, aunque no por ello exento de las problemáticas de esa agenda.

La calma del pueblo es uno de sus valores intrínsecos, lamentablemente otra característica muy presente es la precariedad laboral.

Las trabajadoras que cumplen la tarea de limpiar las calles, así como también de despejar de barro y tierra los cordones cuneta de la localidad no cuentan con prácticamente ningún tipo de derecho laboral. Y no nos referimos a la ausencia de obra social, seguro o elementos de seguridad necesarios para desarrollar su tarea con los que no cuentan, a excepción del barbijo que les fue entregado hace poco sino a la ausencia de una paga real en dinero a cambio de su contraprestación.

Estas mujeres carecen de algún tipo de relación contractual con el municipio y además se les remunera la totalidad de su tarea con bonos creados de forma ficticia por el municipio sin ningún tipo de ordenanza, decreto o resolución que respalde esa emisión de cuasi moneda para ser utilizados en los negocios del pueblo que el gobierno indica en el bono. Casi como en aquella triste y aberrante situación de esclavitud en la que tenía la empresa La Forestal a sus empleados allá por comienzos de 1900 en el Chaco.

Las mujeres se agrupan para trabajar una semana dos días y la siguiente tres días, rotando semanalmente en dos grupos para poder cubrir los cinco días de la semana. Se les paga por día tres bonos de $ 150 cada uno, lo que hace un total de $450 por dos horas de trabajo diario y esos bonos no pueden cambiarse por dinero, solo por mercadería que no incluya bebidas alcohólicas o cigarrillos, pero tampoco medicamentos o el pago de servicios o la compra de nafta, pagar un remis para viajar a La Carlota al médico y mucho menos el arreglo de una moto, una bicicleta o un auto.

Desde el gobierno dicen no poder modificar la situación por ser este un programa de ayuda social que beneficia a los comercios locales, ya que estos cobran el monto de los bonos con cheques de la municipalidad al presentarlos, pero a ciencia cierta el intendente viene recibiendo los cuestionamientos de muchos negocios recientemente agrupados que reclaman no ser proveedores de la municipalidad y plantean mecanismos transparentes, participativos y equitativos para las compras por parte del municipio además del programa provincial Paicor que representa el mayor monto en la compra de alimentos en el pueblo y al que por primera vez acaban de convocar por carta a los comerciantes para una licitación pública a sobre cerrado.

Los bonos resultan una afrenta a la dignidad de cualquier trabajador y es una notoria discriminación y violencia económica hacia las mujeres en mayor situación de vulnerabilidad laboral del pueblo. El gobierno pretende justificar como ayuda lo que no deja de ser una forma vil de explotación laboral. 

Cuesta imaginar que algún tipo de programa social nacional o provincial como afirman desde el departamento ejecutivo municipal pueda sostener esta situación cuando existe un gobierno nacional con un ministerio de las mujeres y un consejo provincial de la mujer y la obligatoriedad de capacitar a los funcionarios públicos en la ley Micaela para erradicar todo tipo de violencia hacia las mujeres en la administración pública. 

La ausencia de algún tipo de ordenanza así como la carencia de controles oficiales en un libro o registro de las trabajadoras al iniciar o concluir su jornada laboral dejan mucha tela para cortar al respecto. En Los Cisnes no existe ningún tipo de gremio para los empleados municipales desde hace ya varios años, tampoco se conoce de forma pública algún tipo de estatuto o reglamento del empleado municipal así como tampoco lo conocen los mismos empleados que trabajan actualmente. 

Las mujeres que brindan servicio para la municipalidad no están agrupadas como en algunas localidades mediante cooperativas de trabajo y no tienen más que un permiso de palabra para cumplir su tarea al igual que un papelito firmado por el encargado del corralón para cobrar el bono como un registro de haber cumplido su tarea.

El peor empleador de la localidad es quien debe dar el ejemplo. La administración municipal considera como un favor este tipo de empleo precarizado que otorga a ese grupo de mujeres cuando es una situación que claramente atenta contra los más básicos derechos humanos consagrados en el artículo 75  inciso 22) de nuestra Constitución Nacional. 

El alineamiento del actual intendente con el oficialismo nacional y provincial no puede ser excusa para que se permitan o se omitan situaciones que vulneran los derechos laborales de las mujeres, lo que de forma directa es una violencia económica  y de forma indirecta promueve todo tipo de situaciones que facilitan los demás tipos de violencia hacia las mujeres. 

Esta situación es una grave problemática de la localidad al igual que la generación de empleo o la falta de oportunidades, la inmediatez del tema radica en la falta de respuesta gubernamental y la necesidad de visibilizar y hacer escuchar a quienes hoy no tienen voz. La justicia social no puede ser un slogan de campaña sino el ejercicio concreto de los derechos que permitan a las personas realizarse de forma armónica en la comunidad. 
Tal vez sea bueno refrescarle a las autoridades el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional para poder cumplirlo y trabajar efectivamente por el bien común. 

Artículo 14 bis: El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial.

Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo.

El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.

Luciano Giuliani

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